Ley de Insolvencia Empresarial Una ayuda para empresas en crisis financiera

La Ley de Insolvencia es un mecanismo legal que busca la Reorganización de empresas en crisis financiera a través de mecanismos de negociación con los acreedores en aras de reorganizar su pasivo de tal forma que, a través de un plan de pagos y unos plazos razonables, la empresa pueda pagar sus deudas y recuperar su estabilidad financiera. 

Insolvencia no es lo mismo que quiebra y así mismo, el espíritu de la Ley de Insolvencia, no es llevar a cabo un proceso de quiebra, sino todo lo contrario, el espíritu de la ley de insolvencia es ayudar a la empresas en crisis a normalizar sus relaciones comerciales, conservar a sus empleados y sacar adelante su empresa

Sin embargo, aún cuando la Ley de Insolvencia no es una Ley de quiebras, también puede ser aplicada en caso de presentarse irreversiblemente la quiebra de la empresa, porque define mecanismos que permiten a las empresas liquidar su patrimonio y quedar al día con todas sus obligaciones, aún cuando su patrimonio no sea suficiente para responder por la totalidad de las deudas.

En derecho, la Constitución Política representa la norma suprema de un país. Esta establece de manera detallada los derechos fundamentales y las responsabilidades principales de sus ciudadanos, al mismo tiempo que configura la estructura y la organización del Estado. Bajo la jerarquía de esta ley fundamental, se sitúan las leyes concursales, que incluyen la Ley 1116 o Ley de Insolvencia Empresarial, el título IV - Artículos 531 al 576 de la Ley 1564 o de Insolvencia para Personas Naturales No Comerciantes, y la Ley 550. Estas leyes concursales ostentan prioridad sobre otras regulaciones dentro del país, exceptuando, claro está, a la Constitución. Por debajo de las leyes concursales se encuentran las diversas ramas del derecho, como el derecho civil, el derecho penal, el derecho administrativo, entre otros.

Por tal razón, el proceso de insolvencia definido en la Ley 1116 de 2006 que está inmerso dentro del ámbito del derecho concursal, se caracteriza por tener primacía sobre cualquier otra legislación. Esto implica que una empresa cuando se acoge a la ley de insolvencia deja sin efectos cualquier demanda o procedimiento civil (embargos de cuentas bancarias o de bienes muebles e inmuebles) que esté en curso contra de ella, e incluso puede resultar en la improcedencia de acciones penales en contra del representante legal, particularmente en casos de omisión como agente retenedor o recaudador de impuestos (según lo establecido en el artículo 402 del Código Penal) que aplicaría cuando el gerente de la empresa no cumple con transferir a la Administración de Impuestos DIAN las retenciones en la fuente practicadas, el IVA o el Impoconsumo recaudados.

Consúltenos. Este proceso se adelanta ante la Supersociedades. Es un proceso relativamente ágil y de gran beneficio en el momento de enfrentar una crisis empresarial.